Los Derechos de la Naturaleza en Ecuador enfrentan su amenaza más crítica desde que fueron reconocidos constitucionalmente en 2008. El gobierno de Daniel Noboa está desmantelando sistemáticamente la institucionalidad y las salvaguardas ambientales para favorecer una agresiva agenda extractivista respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como advierte Natalia Greene, Directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN):
«El triunfo del ‘No’ [en el referéndum de noviembre de 2025] fue la respuesta clara de un país que dijo no al autoritarismo, no a las mentiras y no al abuso de poder. Defender los Derechos de la Naturaleza se trata de cambiar un paradigma que ve a la Naturaleza como un recurso, separado de los seres humanos, a pesar de que nosotros somos Naturaleza».
El cronograma de la crisis:
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Agosto de 2023 – El mandato del pueblo: El 59% de los ecuatorianos votó en un referéndum histórico para detener la extracción de petróleo en el Yasuní ITT (Bloque 43). El gobierno de Noboa utilizó la narrativa del «conflicto armado interno» como pretexto para dilatar el desmantelamiento.
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Marzo de 2024 – Militarización de la minería: Bajo la narrativa de seguridad nacional, el gobierno militarizó territorios como Palo Quemado para imponer proyectos mineros, criminalizando violentamente a los defensores del agua.
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Abril de 2024 – Desregulación vía decreto: Usando la crisis energética como excusa, Noboa promulgó el Decreto 248, transformando las estrictas licencias ambientales en simples «autorizaciones administrativas», saltándose los estudios de impacto ecológico.
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Marzo de 2025 – Intervención de la CIDH: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Ecuador detener de inmediato las operaciones en el Bloque 43 del Yasuní para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. El gobierno ignoró los plazos internacionales.
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Julio de 2025 – Degradación institucional y el FMI: Para cumplir con las metas del FMI, Noboa rebajó el Ministerio del Ambiente a una subentidad bajo el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía. Al mismo tiempo, reabrió el catastro minero nacional tras siete años de cierre, liberando concesiones sobre tierras indígenas sin consulta previa.
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Noviembre de 2025 – El «No» constitucional: Noboa convocó a un referéndum para forzar una Asamblea Constituyente que desmantelara la Constitución de 2008. En una victoria histórica de la sociedad civil, más del 61% de los votantes rechazó la propuesta.
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Febrero de 2026 – Imposición legislativa: Desafiando el dictamen popular, el gobierno aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, eliminando por completo los requisitos de licenciamiento ambiental tradicionales para proyectos mineros en ecosistemas vulnerables.
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Abril de 2026 – La ofensiva petrolera en Pastaza: Mientras más de 60 países se reunieron en Santa Marta, Colombia, para trazar una ruta hacia el fin de los combustibles fósiles, el gobierno de Noboa activó las rondas petroleras Sur Oriente y Subandina. Sin consulta previa, 11 nuevos bloques petroleros amenazan cerca de 3 millones de hectáreas de territorios indígenas de las nacionalidades Sapara, Andwa, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar y Shuar, rozando la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).
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Mayo de 2026 – Desacato y resistencia: A dos meses de vencerse el plazo definitivo de la CIDH, las federaciones indígenas confirman que de 247 pozos petroleros activos en el Yasuní, menos de una docena han sido cerrados, consolidando un escenario de abierto desacato estatal.
Voces desde el frente:
Desde el encuentro climático de abril de 2026, las siete nacionalidades de Pastaza lanzaron una denuncia contundente ante la comunidad internacional:
«No puede existir una transición energética justa mientras se siga sacrificando la Amazonía y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos respeto a nuestros territorios, al consentimiento previo, libre e informado y a la vida».
Leonidas Iza, líder de la CONAIE, secunda esta alarma estructural:
«Este gobierno no solo está atacando nuestros territorios; está atacando el cimiento jurídico que defiende la vida. Quieren convertir nuestros bosques y ríos en simples mercancías para el mercado global, ignorando la soberanía constitucional».
Ecuador fue la primera nación del mundo en reconocer a la Pachamama como sujeto de derechos. Si estos derechos son aplastados aquí mediante decretos y desacato judicial, se sienta un precedente global devastador. Defender la Amazonía ecuatoriana es defender el futuro del planeta.
Únete a la Acción Colectiva: XII FOSPA en Ecuador
La defensa de la Amazonía no se librará de forma aislada. Este año, Ecuador será la sede del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), el espacio de convergencia más importante para los movimientos indígenas, activistas climáticos y defensores de la Tierra de toda la cuenca amazónica. Frente a la agresión extractivista del gobierno actual, este foro es nuestra oportunidad para tejer una resistencia colectiva y transfronteriza. ¡Tu voz es crucial! Puedes registrarte y unirte al movimiento en fospaecuador.com.
¡La Naturaleza no es un negocio!
